Entre los principales desafíos identificados se encuentran la fuerte dependencia de infraestructura eléctrica y de conectividad para que el sistema funcione, la ausencia de una ley de protección de datos plenamente vigente durante su despliegue, la opacidad en la gobernanza de la información generada y la desigual transparencia entre instituciones del Estado. También se destaca el costo económico de la medida, que recae parcialmente sobre los victimarios y limita su acceso equitativo, así como la dependencia de un proveedor privado para la operación técnica del sistema.
Entre los hallazgos más relevantes, la investigación muestra que el sistema incorpora a las víctimas dentro del propio circuito de vigilancia, mediante un celular y la aplicación Empower, trasladándoles cargas como mantener batería, conectividad y disponibilidad permanente. Asimismo, revela que la enorme mayoría de las alertas generadas por el sistema no corresponde a violaciones reales de la medida, sino a fallas técnicas, y que existe una marcada asimetría entre la capacidad del SIMDEC para registrar datos y su capacidad para rendir cuentas públicamente sobre su funcionamiento y efectividad.
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